Actualización de 6 de agosto de 2015: Finalmente el periódico local Diario de Avisos ha publicado una noticia comentando algunos detalles acerca de lo sucedido.
Ayer lunes 3 de agosto de 2015, día del cierre institucional por las vacaciones de verano, muchos nos encontramos con la desagradable sorpresa de que el Campus Virtual de la Universidad de la Laguna no estaba disponible. Y aun hoy sigue siendo así, sin tener una idea muy clara de hasta cuando.
Como el ambiente parece estar caldeadito con el tema, en algunos foros de opinión se están mezclando churras con merinas respecto a quién es el responsable de esto y dado que por el momento parece que se ha cometido el error de no dar explicaciones oficiales respecto a algo tan grave; voy a dar mi humilde punto de vista sobre este asunto.
Lo primero es que hasta donde yo sé, este parecer ser el resultado de un nuevo intento de CEDRO —la SGAE del mundo editorial— de sacar dinero a las universidades. Realmente para mí la palabra sería otra, pero no lo voy a llamar así. Primero, porque estamos ante una práctica perfectamente legal, gracias al apoyo de los sucesivos gobiernos de este país —de todos los gobiernos, independientemente del signo político—. Y segundo, porque a ver quien se la juega con la reciente reforma legal que hemos sufrido en este país. Quien sabe, tal vez esté incumpliendo algún artículo de la nefasta Ley Mordaza.
Para quien no los conozca, CEDRO es quien cobra el canon de las fotocopiadoras, quien gestiona la mal llamada "tasa Google", quien consiguió que ahora todas las bibliotecas —incluidas las universitarias— paguen un canon por prestar libros y quien, desde hace varios años, vienen intentando que las universidades paguen un canon por subir materiales a los campus virtuales. Aunque no comparto su forma de proceder, hay que tener en cuenta que es natural. Cada vez se fotocopian menos materiales porque ahora se suben a los campus virtuales, y eso lo deben estar notando en la cuenta de resultados. Así que les he dado por perseguir una compensación equivalente que, si cabe, debe ser aún más sustanciosa.
Se podría pensar que como en la ULL somos generadores de contenido, estaríamos a salvo siempre que no subiéramos contenidos de otros autores. Lamentablemente —aunque, ojo, que como no soy un experto en la materia, podría estar equivocado— la ley otorga a estas entidades la gestión de ciertos derechos colectivos. Así que la tenemos liada con que se suba un solo contenido de algún afiliado a CEDRO.
Obviamente, estas entidades lo tienen claro y no van a por todos por igual. Fundamentalmente, intentan asustar a las universidades más pequeñas, supongo que porque tienen mucho menos peso y menos recursos para defenderse.
Sin embargo, no sería correcto cargar todas las tintas de lo que ha ocurrido sobre las entidades de gestión. Ellos están haciendo lo que la ley les permite —y no es ninguna novedad porque lo llevan intentando muchos años— que es asustar con medidas legales para reclamar una cuota por estudiante —5 € por estudiante y año, según me han dicho—. Pero no olvidemos que por sí mismos no nos pueden obligar a cerrar el campus virtual.
De modo que supongo que lo que ha pasado es que mientras que en ocasiones anteriores la universidad se ha mantenido firme, en esta ocasión debe haber cundido el pánico. A menos que yo esté muy equivocado en lo que realmente ha pasado y exista algún tipo de orden administrativa o judicial al respecto, no se entiende que se haya cerrado un servicio fundamental el mismo día del cierre institucional. Sin hacer comunicado oficial alguno, dar indicación de cuándo estará disponible y parece que sin tomar en consideración lo que va a pasar con los estudiantes que deben preparar las materias de las que se van a presentar en septiembre.
Parémonos a meditarlo por un momento. Hoy en día cerrar el campus virtual es como cerrar las aulas de docencia. ¿Lo haríamos en periodo lectivo por una amenaza o incluso ante una denuncia? Yo creo que no. El correcto funcionamiento de nuestro centro académico debe estar por encima de eso. Tendríamos que negociar y defendernos con todo lo que esté a nuestro alcance, pero las aulas no se cerrarían unilateralmente sin orden judicial de por medio. Entonces, si eso sería así ¿por qué cerramos el campus virtual a un mes de la convocatoria de septiembre?
Además, tampoco tengo claro para qué puede servir este cierre cautelar. No parece que se vayan a poder revisar todos los contenidos de cada aula del campus para detectar materiales protegidos por derecho de autor. Y menos en un tiempo razonable que evite que el daño a los estudiantes sea irreparable —tampoco parece viable vaciar de contenidos todas las aulas, porque eso sería aún peor—. Y encima sabemos que si un juez nos pide acceso a lo que se ha estado subiendo al campus, vamos a tener que dárselo. Entonces ¿qué se pretendía resolver con esta medida?
Lo siento, pero en mi opinión —con la información de la que dispongo— el cierre cautelar me parece una decisión muy poco acertada. Al margen de la poca simpatía que tengo hacia entidades de gestión como CEDRO y su forma de proceder.